Ya tenemos nuevo marco regulatorio europeo para el ejercicio del crowdfunding en Europa. El pasado 5 de octubre, el Parlamento Europeo aprobaba la nueva normativa europea denominada ECSP (European Crowdfunding Service Providers for Business) que facilitará la prestación de servicios de las plataformas de financiación participativa en el mercado interior de la UE.
Esta nueva regulación del crowdfunding, de aplicación en todos los países comunitarios, permite que las Plataformas de financiación participativa puedan operar en toda Europa y no se vean limitadas a hacerlo solo en el ámbito local. Además de ampliar el acceso a la financiación para empresas emergentes, empresas innovadoras y pymes (que suelen tener dificultades para acceder a los fondos a través de medios tradicionales como los préstamos bancarios), el nuevo marco regulatorio garantizará un mayor nivel de protección para los inversores y les ofrecerá mayores alternativas. Las empresas de toda Europa podrán llegar así más fácilmente a un grupo mayor de inversores potenciales y aumentar sus posibilidades de éxito.
Esta es, sin duda alguna, una buena noticia para Urbanitae y para el sector en su conjunto, ya que supondrá un gran impulso para el desarrollo y la internacionalización de las plataformas de financiación participativa.
Las nuevas normas se aplicarán un año después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A partir de ese momento, las plataformas de crowdfunding que operan en la UE tendrán obligatoriamente que cumplir las normas comprendidas en la nueva regulación en vez de las que se aplican en cada país. Esta nueva normativa reemplazará así a las leyes nacionales y permitirá a las plataformas de financiación participativa, ya sea de inversión (equity crowdfunding) o préstamos (crowdlending), poder operar en todo el ámbito de la UE sin más permiso que el supervisor de su mercado doméstico, la CNMV en el caso de nuestro país. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios de financiación participativa europeos que recauden hasta 5 millones de euros por proyecto al año.
Pero ¿por qué era tan necesaria esta nueva legislación? Muy sencillo. Las normas nacionales existentes sobre financiación participativa no son uniformes en el continente europeo, lo que deriva en una fragmentación del mercado. Esto dificulta, por un lado, que las plataformas puedan prestar sus servicios en distintos países europeos y que los inversores, por otro lado, puedan invertir en proyectos internacionales o que puedan relacionarse con empresas de toda la UE.
Las nuevas reglas unifican también la información que los proveedores de servicios de financiación participativa han de facilitar a sus clientes, siendo muy específica en temas como la información clara sobre los riesgos potenciales de cada proyecto. Los inversores tendrán que contar, entre otras cosas, con una ficha de información esencial en materia de inversión, elaborada por el promotor del proyecto o por la plataforma.
Parece que el crowdfunding está de enhorabuena; además de ser cada vez más una forma alternativa de financiación proyectos empresariales, ha conseguido por fin su ansiada regulación comunitaria. Una regulación que aumentará la financiación transfronteriza de las pymes, que equiparará las posibilidades de financiación de las empresas europea y que permitirá al mercado europeo de crowdfunding desarrollar todo su potencial.
