Desde hace varios años, el sector de la vivienda protegida o de protección oficial (VPO) en España es una de las asignaturas pendientes, a pesar de que, hace unos años tuvo muy buena acogida en el tejido inmobiliario español.
La VPO, caracterizada por inmuebles que comparten ciertos tipos de beneficios, tanto para la compra como para su alquiler, dado que el precio es sensiblemente más bajo que el de las viviendas libres, no vive precisamente su mejor momento. Según el Ministerio de Fomento (ahora denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), la vivienda protegida en España ha caído en torno a un 92% en la última década.
Y es que, en España llevamos años construyendo muy poca vivienda social, alcanzando unos niveles mínimos que siguen a la baja –tal y como indica el informe elaborado por Europa Press Data–, lo que tendrá consecuencias para toda la sociedad en un futuro no muy lejano. En vista de la previsible y delicada situación económica que se sobreviene en nuestro país a consecuencia de la actual pandemia, la pregunta es clara: ¿por qué se edifican tan pocas viviendas destinadas a las rentas más bajas o con dificultades para acceder a una vivienda?
Esto se produce porque en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no se contemplan más medidas de fomento de la vivienda protegida para constructores o promotores. A esto se une la complicada situación económica que se lleva gestando a nivel global desde hace años y que, actualmente, se está recrudeciendo a causa de la covid-19. En resumidas cuentas, a un promotor le supone casi los mismos gastos construir un edificio para VPO que para una vivienda residencial libre.
Pocas actuaciones
Otro los grandes problemas de esta tipología de viviendas es que, durante décadas, las VPO se han construido enfocadas a la venta y no hacia el alquiler. Por todo ello, y de seguir en la misma senda, la vivienda protegida está abocada a desaparecer por completo y, desgraciadamente, no se prevén demasiadas medidas de fomento para la construcción de vivienda pública. Es evidente que los esfuerzos en esta materia por parte de los sucesivos gobiernos han sido limitados, seguramente, a causa de los recortes presupuestarios derivados de la crisis que terminaron con las subvenciones a los compradores. Por tanto, el escenario que se plantea en nuestro país respecto al futuro de la vivienda protegida es poco esperanzador.
El sistema de VPO está quebrado y la única solución que parece haber tiene su raíz en el cooperativismo y la autopromoción. En este sentido, muchos agentes sociales abogan también por la reducción drástica de la burocracia puesto que, de agilizarse la adjudicación, se convertiría al menos en un aliciente para la reactivación de este sector, tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo.
