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España, en el puesto 18 global en transparencia inmobiliaria

Como cada dos años, la consultora JLL, en colaboración con expertos de LaSalle, ha elaborado el Índice de transparencia inmobiliaria global, un estudio que reivindica la transparencia como clave para la evolución del real estate. Basada en una encuesta a expertos en el mercado inmobiliario, esta decimosegunda edición incluye 254 indicadores que evalúan la transparencia del sector en más de 90 países y 150 ciudades de todo el mundo. 

De los 94 países estudiados, España ocupa el puesto 18 del ranking de transparencia inmobiliaria, justo por detrás de Dinamarca y por delante de Italia. El total de países se clasifica, por orden, en cinco segmentos: muy transparentes, transparentes, semitransparentes, de transparencia baja y opacos. En este caso, España se encuentra entre los segundos, con un buen ratio final pero sin llegar a ser sobresaliente. 

Para la elaboración del ranking global, el estudio considera seis subíndices: la medición del rendimiento general (pondera el 25%), fundamentos del mercado (16,5%), gobernanza de los vehículos cotizados (1 %), reglamentación y aspectos jurídicos (23,5%), el proceso de transacciones (1 %) y la sostenibilidad (10%). España, por su parte, no llega a destacar realmente en ninguna de estas clasificaciones, excepto en los procesos de transacciones, donde ocupa el quinto lugar. Este subíndice tiene en cuenta, entre otras variables, la información previa a las ventas, los procesos de licitación o la regulación contra el blanqueo de capitales.

España, en el buen camino

No obstante, España sí que sobresale entre los 10 países que más han evolucionado en términos de transparencia estos últimos años. Las reformas normativas y una mayor disponibilidad de los datos son algunos de los cambios que han llevado al país al top de los que mejoran, especialmente los que tienen que ver con las normas antiblanqueo de capital y con la legislación sobre la propiedad. 

Estas mejoras también tienen que ver con la adopción de tecnologías, cada vez más presentes en el sector inmobiliario. Así, España entra también en el top 20, ocupando el quinto puesto, sólo por detrás de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. En este contexto, las administraciones tanto nacionales como locales, señalan desde el estudio, están demostrando más interés en tecnologías de open data y en la interconectividad en las infraestructuras. Esta tendencia, presente ya en todo el tejido económico, está llevando a las ciudades a repensar, en conjunto, su utilización de las tecnologías y el planteamiento de un nuevo urbanismo.

Una de las conclusiones más importantes del estudio habla sobre una brecha cada vez mayor entre los países que más avanzan y establecen una regulación más estricta y los que no. Estos últimos se encuentran especialmente estancados en lo que tiene que ver con la normativa y lo jurídico, lo que les lleva, a su vez, a tener estrechez de miras en cuanto a los avances tecnológicos en el horizonte inmobiliario. 

La sostenibilidad, clave para la transparencia inmobiliaria

Desde el informe, que combina datos cualitativos y cuantitativos de mercado, destacan que, en un contexto de cambio climático, la industria y la economía se dirigen inevitablemente a una descarbonización que, por su parte, también requiere de nuevas exigencias de transparencia. Así, la sostenibilidad y la eficiencia energética se imponen como nueva prioridad para el sector inmobiliario, tal y como se desprende del propio estudio, que en esta edición ha intensificado su interés por el cambio climático. 

Tanto es así que la sostenibilidad se ha convertido en un nuevo estándar de transparencia tanto para inversores como para gobiernos en el ámbito inmobiliario. A la cabeza de estos cambios se encuentra Francia, que destaca como el país que más esfuerzos ha invertido en mirar hacia la sostenibilidad. Sin embargo, en el informe también advierten de unos cuantos escollos y retos por delante. Las deficiencias de las mediciones y la falta de uniformidad normativa y de estandarización entre administraciones están dificultando que los principales actores del tablero tengan claras sus responsabilidades, algo que, en último término, afecta a los datos y a la transparencia. 

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