¿Cómo afrontarán las grandes ciudades el futuro déficit de 2,7 millones de viviendas?
El déficit habitacional en España es uno de los desafíos más urgentes para el futuro de las grandes ciudades. La conjunción de un encarecimiento del suelo, una transformación demográfica acelerada y procesos urbanísticos excesivamente lentos ha generado un escenario en el que la construcción de nuevas viviendas se queda muy corta frente a la creciente demanda.
En este sentido, Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, señala que el principal factor detrás del déficit habitacional es el desajuste entre la oferta y la demanda: «La demanda ha vuelto a crecer por motivos demográficos, ya que la población en edad de emanciparse vuelve a aumentar después de quince años de caídas. Sin embargo, la oferta ha permanecido estancada en niveles muy reducidos. Mientras no se absorbió el stock sobrante de la burbuja inmobiliaria, esto no fue un problema, pero ahora ya se ha llegado a una situación de escasez de vivienda que va a costar revertir».
También, estudios recientes, como el realizado por Colliers y APCE, alertan de que, sin intervenciones estructurales, el déficit podría superar los 2,7 millones de unidades en las próximas décadas. Ante este panorama, se hace imprescindible analizar las causas que originan este desequilibrio, comprender su impacto tanto en la economía como en la sociedad, y explorar estrategias integrales que combinen reformas normativas con herramientas innovadoras de financiamiento para la obra nueva, como el crowdfunding inmobiliario a través de plataformas como Urbanitae.
Causas del déficit habitacional
El déficit habitacional tiene orígenes múltiples y complejos que se entrelazan en tres grandes áreas. En primer lugar, el elevado coste del suelo en áreas de alta demanda se ha convertido en una barrera fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos. Este factor se agrava aún más cuando se suma al alza de los costes de construcción, consecuencia directa del incremento en el precio de materiales y de la limitada disponibilidad de mano de obra especializada. Como resultado, los márgenes de beneficio para los promotores se reducen, lo que desincentiva la inversión en nuevos desarrollos residenciales.
Por otro lado, el proceso de transformación del suelo en España se caracteriza por su complejidad, ya que la conversión de suelo rústico en terreno urbanizable requiere la aprobación de numerosos trámites y la coordinación entre diversas administraciones públicas (ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado). Según Martínez, “los plazos para aumentar la oferta de vivienda son muy largos debido a la necesidad de planificación urbana, trámites burocráticos y el tiempo necesario para la construcción. Además, el tamaño del sector constructor se ha reducido tras la gran recesión, lo que dificulta su capacidad de respuesta ante la creciente demanda”, comenta.
Impacto en la economía y la sociedad
El desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda repercute de forma significativa tanto en el ámbito económico como en el social. Por un lado, la limitada disponibilidad de viviendas conduce a un aumento sostenido en los precios de venta y alquiler, que cerraron el año pasado con precios récord nunca antes vistos. El experto de Ibercaja explica que esta escasez de vivienda «está provocando una fuerte subida de los precios, dificultando el acceso a la compra, sobre todo en las regiones donde más está aumentando la demanda, como Madrid, la costa mediterránea y Canarias». Este encarecimiento genera dificultades para el acceso a la vivienda, especialmente en el caso de las familias con menores ingresos, que se ven obligadas a destinar una proporción importante de sus recursos al pago de hipotecas o alquileres.
El efecto dominó de este fenómeno se extiende al mercado inmobiliario de varias maneras. Cuando los precios del suelo y de la construcción se disparan, los proyectos se vuelven más caros y, en consecuencia, menos atractivos para los inversores. El elevado coste exige un mayor desembolso inicial, lo que obliga a las entidades financieras a exigir garantías más sólidas y a evaluar con mayor cautela el riesgo del proyecto. Esto se traduce en una restricción del acceso a créditos, ya que los bancos se muestran reacios a financiar proyectos con márgenes de beneficio reducidos y altos niveles de riesgo. Además, la elevada inversión necesaria reduce la rentabilidad esperada, haciendo que muchos desarrolladores pospongan o cancelen nuevos proyectos.
Esta menor actividad en el sector impacta a su vez en la dinámica económica general, y en este sentido, Martínez advierte que “una mayor proporción del ingreso destinada a vivienda reduce el consumo en otros sectores, frenando el crecimiento económico, aunque la aceleración en la construcción podría tener un efecto positivo sobre el PIB y el empleo”.
En paralelo, y socialmente hablando, la crisis habitacional contribuye a la polarización territorial. Las grandes áreas metropolitanas y las zonas de alta actividad turística experimentan un crecimiento acelerado en los precios, lo que puede provocar desplazamientos de población hacia zonas periféricas y, en algunos casos, el aislamiento de barrios donde solo se accede a viviendas de menor calidad. Estas dinámicas favorecen la segregación social, ya que las diferencias en la calidad y accesibilidad de la vivienda se traducen en brechas cada vez más marcadas entre distintos grupos socioeconómicos. Según recoge la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF), elaborada por el Banco de España, la brecha intergeneracional en España se ha intensificado en las últimas décadas, haciendo que los nacidos entre 1986 y 1995 acumulen hasta cinco veces menos riqueza que sus predecesores a la misma edad, evidenciando los efectos del encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral.
Estrategias y soluciones legislativas
Para hacer frente a este escenario, resulta imprescindible implementar medidas que aceleren la producción de vivienda y faciliten el acceso a suelo urbanizable. Una de las acciones prioritarias es la simplificación y digitalización de los procesos urbanísticos. Reducir los plazos de aprobación mediante la actualización de normativas y una mayor coordinación entre administraciones permitiría que el suelo urbanizable se ponga en carga de forma más ágil. En este sentido, el informe de Colliers-APCE destaca la necesidad de crear una plataforma telemática para agilizar la emisión de informes, mejorar la seguridad jurídica y reducir los tiempos de aprobación de planeamiento urbanístico.
Sobre este punto, Martínez menciona la necesidad de industrializar parte de la construcción para producir en cadena en vez de in situ, aprovechando nuevas tecnologías, lo que ayudaría a aumentar la producción en un contexto de escasez de mano de obra. Además, resalta la importancia del papel del sector público en la promoción de vivienda protegida, bien sea mediante producción directa o incentivando la construcción de VPO para el sector privado.
El papel del mercado inmobiliario y el crowdfunding
El mercado inmobiliario de obra nueva juega un papel fundamental en el aumento de la oferta de viviendas, pero en muchas ocasiones las promotoras no canalizan la financiación suficiente para impulsar nuevos proyectos.
El experto de Ibercaja destaca que «un sector financiero saneado como el que tenemos es imprescindible para que aumente la financiación inmobiliaria» y añade que, “aunque existe apetito por aumentar el crédito, es importante evitar errores del pasado que llevaron a la burbuja inmobiliaria”. También subraya que la reciente moderación de los tipos de interés está favoreciendo la rentabilidad de los proyectos de inversión inmobiliaria. Ante este contexto, la inversión privada se convierte en un elemento clave para el desarrollo de nuevos proyectos.
Además de los fondos inmobiliarios tradicionales, que han sido una fuente de financiación estable en el sector, en los últimos años han surgido nuevas alternativas como el crowdfunding inmobiliario, como Urbanitae, que puso en marcha cerca de 2.500 viviendas en 2024, el 87% de ellas en España, cerrando 2024 con un volumen financiado de 213 millones de euros, un 60% más que en el año anterior.
Este hecho no solo evidencia el potencial de estas nuevas alternativas de inversión, sino que también refuerza la previsión de que esta tendencia ascendente se mantendrá en el tiempo. A medida que el crowdfunding inmobiliario se consolida como una herramienta clave para dinamizar el sector, también abre nuevas vías de financiación en un mercado que, cada vez más exigente, demanda soluciones innovadoras y accesibles.
