Es el riesgo de que los cambios en el entorno político, social o regulatorio afecten negativamente a una inversión. Este riesgo puede ser causado por factores como cambios en las políticas gubernamentales, inestabilidad política, tensiones sociales o modificaciones en las regulaciones que impacten directamente en los negocios o activos en los que se ha invertido.
Las inversiones en países o regiones con sistemas políticos inestables, cambios frecuentes en la legislación o altos niveles de conflicto social están particularmente expuestas a este tipo de riesgo. Los inversores deben estar atentos a los cambios que puedan ocurrir a nivel gubernamental, como reformas fiscales, expropiaciones o nuevas normativas que puedan modificar las condiciones del mercado.
El riesgo político, social y regulatorio es especialmente relevante en mercados emergentes o en países con un entorno político y social cambiante. La inestabilidad política o el cambio de régimen pueden tener un impacto inmediato y significativo sobre los activos invertidos, especialmente en sectores que dependen de la legislación vigente, como la energía, la infraestructura o el sector financiero.
Los inversores deben monitorizar constantemente los factores políticos y sociales que podrían afectar a sus inversiones, prestando atención a las políticas fiscales, la estabilidad del gobierno y los cambios regulatorios que podrían incrementar los costos operativos, limitar el acceso a mercados o alterar el entorno económico. Además, diversificar las inversiones geográficamente y en diferentes sectores puede ayudar a mitigar este tipo de riesgo, ya que reduce la exposición a eventos adversos en una región o país específico.
Los inversores también deben estar al tanto de las tensiones sociales, como protestas o movimientos sociales, que pueden influir en la estabilidad de los mercados y generar incertidumbre económica.